Otra vez, los secuaces de SECR
El Seguro Popular, el fraude de los 60 millones
Sergio Estrada Cajigal no tiene ni un año fuera de la gubernatura y ya dos casos muestran el nivel de codicia y voracidad que le imprimió a su sexenio. Si el caso GEMTEL cimbró al poder público por el cinismo y absoluto desprecio por la legalidad con que fue manejado, el caso del Seguro Popular, simplemente hace palidecer la ausencia de una red inalámbrica que costó a los morelenses “sólo” 32 millones de pesos. (Publicado en 2006)
CUERNAVACA, MOR.- Funcionarios de la administración panista del ex gobernador, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, operaron y facilitaron un quebranto a las finanzas públicas estatales superior a los 60 millones de pesos en contubernio con la empresa Especialidades Médicas de México S.A., que recibió por adelantado el pago de casi 50 mil exámenes médicos para gente de escasos recursos, de los cuales, sólo realizó un poco más de 4 mil 500, amparada en contratos a modo, omisiones jurídicas evidentes y complicidades absolutas que ya conoce el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo, pero que mantiene bajo llave su consejero político, Pedro Luis Benítez Vélez..
El fraude que actualmente también esconden por “órdenes superiores” funcionarios de la Secretaría de Salud, incluyendo su titular, Víctor Manuel Caballero, y del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), es una copia al carbón de la estafa que significó la “compra” de una red inalámbrica a la empresa poblana GEMTEL que se embolsó –por adelantado—, más de 32 millones de pesos sin haber cumplido con el contrato correspondiente, y que al momento mantiene bajo investigación de la Auditoría Superior Gubernamental (ASG) del Congreso del estado a dos de los personajes cercanos a los negocios del estradismo: el ex oficial mayor, Alfonso Pedroza Ugarte y Jorge Mario Arregui Uribe, ex director general de recursos materiales y control patrimonial (desde hace algunos meses hombre de las confianzas de Joaquín Guillermo Fernández Urbán propietario de Especialidades Médicas de México S.A.
Según documentos oficiales, ambos ex funcionarios, junto con el actual director de los servicios de salud del gobierno estatal y ex secretario de salud, Antonio Campos Rendón, son los responsables directos del quebranto que significó la autorización de dichos exámenes para el Seguro Popular (SP), y que presupone un imponente negocio para los involucrados pues además de que este tipo de revisiones no se incluyen en el listado oficial de beneficios que ofrece el SP a sus afiliados, ninguno de ellos lo había solicitado, ni siquiera hipotéticamente, porque nadie podía precisar qué número de solicitantes habría, y mucho menos, qué tipo de atención requerirían los asegurados; independientemente de que para alcanzar los contratos, la empresa Especialidades Médicas de México S.A. de C. V. se vio beneficiada con licitaciones a modo, una de ellas declarada desierta ante la falta de condiciones de los concursantes, que esta empresa si tenía, aún cuando estas no fueran indispensables para el otorgamiento del servicio que se planteaba.
En el último semestre de la administración de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, la empresa Especialidades Médicas de México S.A (propietaria de la clínica Tecnologías Médicas, ubicada en la avenida Plan de Ayala número 210 de Cuernavaca) logró la adjudicación –vía fast track- de por lo menos dos contratos con el gobierno del estado para realizar casi 50 mil exámenes médicos. El primero fue un contrato firmado el ocho de mayo del año pasado para realizar 22 mil 831 checkups, más mil 957 estudios de laboratorio, radiología e imagen por un monto total de 35 millones de pesos.
El segundo contrato, firmado el 12 de septiembre del 2006, encarga a Especialidades Médicas de México S.A. la realización de otra cantidad de checkups (no especificada en el contrato) que alcanza los 17 mil exámenes. Todo con un monto total de 24 millones 999 mil 454 pesos. Ese decir, Especialidades Médicas de México S.A. de C.V. estaba obligada a realizar 49 mil 831 checkups, más mil 957 estudios de laboratorio de análisis clínicos y radiología e imagen, porque firmó contratos y se le pagó 59 millones 999 mil 459 pesos para atender a los más de 100 mil afiliados que en este momento forman el padrón del SP, establecen los datos de la dirección de afiliación y operación del SP.
Sin embargo, la ambigüedad de diversas cláusulas en los contratos referidos y lo relajado de los mismos, permitieron la interpretación a conveniencia de los mismos, sobre todo en lo referente a la entrega de los pagos como al finiquito del compromiso comercial. Por ejemplo, en ambos contratos –a los que Sin Línea tuvo acceso—la cláusula décimo tercera deja abierta la vigencia del contrato, mismo de lo que se valió la empresa para dejar de prestar el servicio unilateralmente al actual gobierno, aún cuando ni siquiera el diez por ciento del total de los exámenes se habían realizado.
Así también, las “bondades” del texto jurídico permitió que Especialidades Médicas de México S.A tuviera acceso casi inmediato al dinero público con la simple entrega de los paquetes de formatos de solicitud para estudios de gabinete o laboratorio, que no eran más que grupos de cuatro hojas media carta (una original para el REPSS, otra rosa para el afiliado, la verde para el hospital y una azul para la empresa), que debían ser entregadas a los hipotéticos pacientes en el interior de Morelos, según consta en la cláusula cuarta de ambos contratos. En el sentido operativo, los formatos se repartirían en las clínicas regionales del sector salud en Morelos y ahí médicos del SP los entregarían a los pacientes. Así, en dos contratos idénticos, la empresa llevó a sus cuentas bancarias más de 60 millones de pesos en el último tramo –mayo a septiembre—del gobierno de Sergio Estrada Cajigal Ramírez.
De acuerdo a datos perfectamente corroborados, Especialidades Médicas de México –empresa con apenas tres años de labores en la entidad—instaló supuestas “sucursales” regionales en: Axochiapan, Tetecala, Cuautla, Jojutla –que no eran otra cosa que pequeños locales acondicionados como “laboratorios”— con el fin de que sirvieran de enlace con la casa matriz, a fin de cumplir con los contratos mencionados. Sin embargo, sólo una “sucursal”, la del municipio de Axochiapan, fungió parcialmente con su tarea, pues en ese lugar se recogieron algunas muestras de laboratorio y quienes lograron entregarlas, posteriormente fueron trasladados a Cuernavaca para continuar con sus estudios. A partir de ahí, en ningún otro sitio se realizaron exámenes.
Las cifras que no encajan
Así como en Axochiapan fue el único lugar donde se inició el programa, de Axochiapan son los únicos números que Especialidades Médicas de México S.A.- y el propio gobierno del estado tienen para mostrar públicamente y hasta el momento ninguna de las dos partes –sobre todo el nuevo gobierno panista de Ademe Castillo— puede comprobar que se realizaron los casi 50 mil checkups, mismos que debieron culminarse dentro de la actual administración, ya que la cantidad de exámenes pactada no permitía terminarlos en el plazo de mayo a septiembre y de septiembre a diciembre. Las cifras confrontadas con el factor tiempo, simplemente no encajan.
Según la directora de Especialidades Médicas de México S.A. de C.V. Carolina Garcés Galván los exámenes no sólo se culminaron, sino que se hicieron “todos los esfuerzos” para que en todas las sucursales se trabajara hasta terminar.
Entrevistada en abril de 2007, Garcés Galván aseguró que la empresa que dirige realizó exámenes a mil 200 y hasta mil 800 personas diariamente. Empero, según datos investigados en laboratorios de Cuernavaca con posibilidades de realizar checkups, esta cantidad no es posible, ya que se requerirían días enteros y madrugadas completas para llegar a 400 personas diarias pues para estos exámenes es necesario practicar en cada paciente: biometrías hemáticas completas, exámenes generales de orina, química sanguínea completa, sangre oculta en heces, prueba HIV, electrocardiograma, papanicolau (en las mujeres), densitometría ósea, anticeno prostático (en hombres) y en lo que se refiere al área de radiología e imagen, se suman otros 68 estudios adicionales.
Empresa en expansión
Especialidades Médicas de México S.A. de C.V. es una empresa exitosa y que ha buscado codearse con gobiernos estatales y el gobierno federal, de hecho está en expansión y busca contratos e intercambios en el extranjero. Precisamente durante la realización de este reportaje, la directora general, Carolina Garcés se encontraba en Colombia presentando la tecnología de punta con que cuentan en su centro llamado Tecnologías Médicas y promoviendo otros productos. De Colombia viajaría a Miami.
No obstante, también en México tienen éxito. Así como han tenido contratos con el gobierno de Morelos, esta empresa es cercana a PEMEX y al IMSS, indica su propietario, Joaquín Guillermo Fernández Urbán, quien ya le busca dueño a su empresa, pese al éxito que muestra, pero que en su haber este nombre es sinónimo de problemas dado el número de demandas laborales con que cuenta y un pasado poco claro del mismo Fernández Urbán, involucrado en un fraude según consta en archivos de la PGJ.
Por su parte, Carolina Garcés, reveló que buscan encabezar los exámenes Checkups en el estado de Chiapas, gestión que también alterna con un mega proyecto médico que pretenden instalar en Cuernavaca que constaría de una torre médica y un hospital de excelente nivel, todo con un costo superior a los 300 millones de pesos que buscan financien médicos y especialistas locales a quienes reunieron en un exclusivo restaurante el 19 de abril pasado, con el fin de venderles la idea y la posibilidad de que inviertan.
No obstante a ellos no les dijeron que el principal argumento que han interpuesto para despedir a más de 15 personas en los últimos meses –que empujan procesos laborales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la entidad—es la falta de liquidez a partir de que el gobierno de Morelos “es canceló” el contrato de los checkups, revelan afectados cuyas revelaciones condicionaron a la posibilidad de mantener anónima su identidad.
Mientras tanto, el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo ha decidido emparedar esta herencia del estradismo y giró instrucciones precisas para evitar que se comente o se filtre a los medios de comunicación. En el caso del nuevo director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Mario Alberto Oliva Ruíz el caso es tan viscoso que evitó dar una versión oficial y personal durante dos meses en que se le solicitó una entrevista, en tanto que al interior del REPSS, el personal simplemente no desea tener cerca a un reportero a quienes deben decirles que “toda esa información se encuentra en la secretaría de Salud. Toda está allá, nosotros no tenemos nada”, expresa la enfermera de profesión, Olivia Ramírez Rojas, directora de gestión del Seguro Popular.
Pero no son los únicos; en entrevista, el secretario de salud, Víctor Manuel Caballero niega conocer cualquier dato, sin embargo ataja con el señalamiento que durante el sexenio de Marco Adame no habrá servicios que no pueda soportar la estructura de salud del estado, “y los que se deban hacer, se harán con la infraestructura con que contamos”.
--¿El estado de Morelos tiene la posibilidad médica y tecnológica para realizar checkups a los miembros del seguro popular?. “Desde luego la tenemos”, responde el funcionario.
Sin embargo y a pregunta expresa, el secretario asegura que en lo referente al desempeño y números del seguro popular del sexenio anterior, es preferible olvidarlo, y reconoce que no tiene forma de comprobar que la totalidad de los exámenes se hayan realizado.
-- Mire, la verdad yo prefiero mirar para adelante…y si algo hubiera, mejor se los entrego primero a la contraloría que a cualquier reportero, ¿no cree usted?, asegura socarronamente durante la entrevista.
No obstante, el gobierno de Morelos si está debida y completamente enterado de lo que sucedió al amparoc on esos contratos y puede darse una idea cómo se entregaron a la empresa de Fernández Urbán al grado de que cuentan con los elementos jurídicos para emplazar a un pleito judicial a Tecnologías Médicas pues el consejero jurídico del gobierno estatal, Pedro Luis Benítez Vélez tiene en su poder, desde el 22 de enero de este año, toda la documentación que prueba dicho fraude.
Mediante el oficio SS/REPSS/MOR/031/07 el director general del REPSS, Mario Alberto Oliva Ruíz le pone en antecedentes y le solicita a Benítez Vélez “intervenir y, en su caso, ejercer las acciones y excepciones que correspondan, respecto a la expresa controversia (…) en torno a la acreditación del resultado material inherente al cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos de prestación de servicios suscritos los días 8 de mayo y 12 de septiembre (…) entre el gobierno del estado y la sociedad anónima de capital variable denominada Especialidades Médicas de México”. En ese mismo documento Oliva Ruíz le incluye siete diferentes documentos, entre contratos, oficios y otras documentaciones relacionadas con el servicio vinculado a los chekcups.
Y es que Oliva Ruíz, al tomar las riendas de REPSS y del Seguro Poluar observó que existían inconsistencias e irregularidades en la aplicación de los chekcups y por ende, en el cumplimiento de los millonarios contratos, lo cual dio inicio a una diputa epistolar con la Garcés Galvan, quien reclamó airadamente en noviembre de 2006 el retraso de los pagos de septiembre y octubre. Días después Oliva Ruíz le contesta mediante oficio SS/REPSS/MOR/&59/06 del día cinco de diciembre, que para que le sean pagados los estudios es necesario que se someta al proceso, requisito y trámites correspondientes.
En un tercer documento del día dos de enero de 2007, la directora de la empresa, Carolina Garcés Galván vuelve a la carga para solicitar el pago de lo que “ya se hizo”, pues ambos contratos culminaron el 31 de diciembre de 2006 y “avisa” que ya no se realizarán más estudios porque el contrato ha finalizado, al tiempo en que chantajea que no harán más exámenes –ni siquiera los pendientes—si no existe otro contrato.
“…El gobierno del estado no sólo ha dejado de explotar las bondades del programa (de checkups) sino que se ha mostrado (sic) una actitud de desinterés y hostilidad (…) en virtud de lo anterior, le informamos que nuestras obligaciones contractuales especificadas en los contratos de fecha 8 de mayo y 12 de septiembre, vencieron el 31 de diciembre del 2006, y con la finalidad de no causar perjuicio alguno a los pacientes (…) se atenderán exclusivamente a los pacientes que se encuentren en tránsito y que por razones personales no pudieron llegar a alguna de nuestras clínicas (¿?), la empresa que represento absorberá los gastos generados por dicha atención. (…) A partir del 7 de enero de 2007, no se atenderán pacientes de nueva programación, tanto estudio por evento, checkups, hasta que se concrete la firma de un nuevo contrato”.
Y es que Tecnologías Médicas de México se había acostumbrado al trato preferencial recibido por los funcionarios del gobierno de Sergio Estrada Cajigal. El entonces director general de recursos materiales y control patrimonial, Jorge Mario Arregui Uribe no sólo promovió los contratos a modos, sino que estableció las condiciones jurídicas para que el incumplimiento de los mismos no generara molestias a los proveedores ni a ellos mismos como ex funcionarios. “El señor Arregui fue el que protegió al gobierno”, reconoce Fernández Urban, quien ve en Arregui a un amigo “al que incluso se le abren las puertas de mi casa”. Jorge Marrio Arregui Uribe, asistió el 19 de abril a la fiesta de presentación del nuevo proyecto hospitalario de Fernández Urbán y cuenta con un espacio para trabajar en las oficinas de Tecnologías Médicas de México. Todo un amigo.
Buen negocio
En entrevista, Joaquín Guillermo Fernández Urbán, reconoce que efectivamente los contratos celebrados con el gobierno de Morelos representaron un buen negocio para su empresa, sin embargo busca dejar claro que estos no representaron un quebranto para el estado porque –aun cuando se cumplieron por completo las exigencias de los mismos—“fuimos obligados a garantizar a través de una afianzadora la cantidad total de los contratos”.
Se le cuestiona sobre la inconsistencia de las cifras de atención, y sobre la imposibilidad de que ninguna de las partes involucradas puedan comprobar que se cumplió con la meta trazada y pagada de número de checkups. Indica que los contratos de prepago son válidos, y sobre todo el pago por adelantado en los mismos, lo que ejemplifica con los vales de gasolina o de despensa que se entregan a trabajadores de empresas o al servicio del estado. Los vales se entrega, la gente pude ir a gastarlos o no, es su decisión.
A pregunta expresa, Fernández Urbán sencillamente se pone la soga al cuello cuando manifiesta que además de haber garantizado el dinero público vía fianzas de ING Comercial América, asegura que se cumplieron con todos los exámenes, lo cual se contrapone con la versión de la directora general de su empresa, Carolina Garcés cuando éste reclamaba al ahora director del REPSS, Oliva Ruíz, el tratamiento del “nuevo” gobierno estatal.
-- Entonces, ¿Qué cantidad de pacientes habrán atendido diariamente para lograr cumplir con el número…?
-- Mira, te puedo dar a mas tardar –si me buscas-- el miércoles, (la entrevista fue el viernes) te puedo dar número de pacientes que fueron atendidos y creo que ya podemos tener ese día el nombre de los pacientes atendidos… y cuantos, cuantos diarios… una estadística.
Fernández Urbán entregó días después al reportero –previa solicitud de una copia de su identificación-- dos discos compactos con rótulos a mano. Los discos al ser introducidos a una computadora, estaban completamente vacíos, cuestión que se le informó directamente vía radio comunicador y argumentó una falla de su quemador.
Ofreció enviar la información prometida vía correo electrónico horas después –“en cuanto llegue a Cuernavaca”—A casi tres semanas de la entrevista y a pesar de la promesa del empresario, la información no llegó, ni física o electrónicamente.
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